|
| Juan Manuel Guillermo Contreras SepulvedaJefe de la DINA   Cedula de Identidad: 2.334.882-9 Jueves 23 de Mayo 2002 Primera Linea Procesan a Manuel Contreras por desaparición de militante socialista La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, decidió procesar al ex jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, en calidad de autor del secuestro del militante socialista Víctor Olea Alegría. La magistrada con dedicación excusiva en causas de derechos humanos, completó de esta manera con enbcausar a la totalidad de la línea de mando de la unidad de represión encargada de este delito, la llamada brigada Purén, informó El Mostrador. Entre los procesados por este caso figuran el ex carabinero Alejando Molina Cisternas, el suboficial (R) Miguel Hernández Oyarzo, el brigadier (R) Gerardo Urrich González y el general (r) del Ejército Raúl Iturriaga Neumann. Olea Alegría fue detenido el 11 de septiembre de 1974 en su domicilio de calle Pedro Lagos, en la comuna de Santiago. Luego, junto a otros militantes socialistas de la llamada Décima Comuna fue trasladado al centro de detención conocido como "Venda Sexy" -ubicada en la calle Irán 3037 esquina de Los Plátanos en la comuna de Macul- uno de los sitios más desconocidos donde fueron torturados los opositores secuestrados por los servicios de represión de la dictadura y utilizado como lugar de tránsito para los detenidos que luego eran trasladados a Villa Grimaldi Lunes 22 de Julio 2002 La Tercera Ministro Guzmán procesó a siete militares (r) El ministro de fuero, Juan Guzmán Tapia, sometió a proceso a siete militares (r) por el delito de secuestro calificado, por la desaparición de 23 personas en el recinto de torturas de Villa Grimaldi, durante el gobierno militar. Los ex uniformados son el ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; el coronel Marcelo Moren Brito; brigadier Miguel Krasnoff; el suboficial Basclay Zapata; el agente Osvaldo Romo; el oficial en retiro de Carabineros, Conrado Pacheco y al agente Pedro Alfaro. De un abogado de DDHH en Chile, recibimos mas detalles: Manuel Contreras Sepúlveda por : Jacqueline Drouilly, César Negrete Peña, Marta Neira, Alfredo Rojas Castañeda, Jaime Vásquez Sáenz, Juan Molina Mogollones, Alej. Avalos Davidson, Sonia Rios Pacheco, Elías Villar Quijón, María Isabel Gutiérrez Martínez, Horacio Carabantes, Fabián Ibarra Córdova, Carlos Rioseco Espinoza, Alfredo García Vega, Abel Vilches Figueroa, René Acuña Reyes, Carrasco Matus, Hugo Rios Videla,Martín Elgueta Pinto, Agustín Martínez Meza, Juan MacLeod, Julieta Ramírez Castro y Luis Palominos Rojas. Marcelo Moren Brito por todos los anteriores menos Elgueta, Negrete y Neira. Miguel Krassnoff por Negrete, Neira, Drouilly,Rojas, Vásquez, Molina,Avalos, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta, Martínez y Palominos. Pedro René Alfaro Fernández por: Ríos, Villar, Gutiérrez, Carabantes, Ibarra, Rioseco, García y Vilches. Basclay Zapata por: Rojas, Vásquez, Molina, Acuña, Carrasco, Ríos, Elgueta y Palominos. Conrado Pacheco Cárdenas por: MacLeod y Ramírez. Miercoles 9 de Octubre 2002 La Tercera Viernes 18 de Octubre 2002 PrimeraLinea Justicia confirma procesamiento contra Manuel Contreras En fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el proceso contra el general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la disuelta DINA, por la desaparición del militante del MIR Antonio Patricio Soto Cerna en 1974. Según informa TVN.cl, con esta determinación, el tribunal compuesto por los ministros Jaime Rodríguez, Juan González y el abogado integrante Hugo Llanos, confirmaron el fallo de la titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, jueza Raquel Lermanda. Soto Cerna, dirigente de Comité Sin Casa, miembro de la Junta de Abastecimiento Popular (JAP) y militante del MIR, fue detenido el 22 de noviembre de 1974 en la Población La Bandera En la misma fecha fueron aprehendidos Luis Omar Mahuida Esquivel y Luis Genaro González Mella, vecinos, amigos y vinculados políticamente a Soto. Los tres fueron vistos en los mismos recintos de detención -Cuatro Alamos y la Venda Sexy- y se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. En este mismo caso se encuentran procesados el general (R) Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich y al mayor (R) de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo 25 de Febrero 2003 La Tercera Justicia procesa a Manuel Contreras por asesinato de Carlos Prats El ministro en visita Alejandro Solís procesó a los cinco ex miembros de la plana mayor de la Dina por el doble homicidio y asociación ilícita en el caso de la muerte del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército, y su mujer, Sofía Cuthbert, hecho ocurrido en Argentina el 30 de septiembre de 1974. La decisión judicial recayó en el general (r) y ex director de la Dina, Manuel Contreras Sepúlveda; los brigadieres (r) Pedro Espinoza (segundo hombre de la Dina) y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Neumann y su hermano, el ex agente civil Jorge Iturriaga. Mientras Contreras y Espinoza fueron sometidos a proceso "en calidad de autores como jefes en el delito de asociación ilícita en concurso real con el doble delito de homicidio calificado de Prats y su esposa", Zara y los hermanos Iturriaga Neumann fueron procesados "en calidad de autores como miembros" de la mencionada asociación ilícita. El general (r) Contreras fue notificado de la determinación judicial ayer en la tarde en su casa, donde cumple arresto domiciliario por su procesamiento en otros crímenes. Esta mañana, Zara, Espinoza y Raúl Iturriaga Neumann fueron informados de su procesamiento. Por su parte, Jorge Iturriaga Neumann aún no ha sido notificado oficialmente. Según se sabe, estaría de vacaciones y regresa a Santiago el jueves 26 de febrero, día en el que se realizará el trámite judicial. Procesados después de intensos interrogatorios La semana pasada el juez Solís interrogó a los cinco involucrados en el caso, ocasión en la que se confirmó que el ex agente de la Dina Michael Townley es autor material del delito. El general Prats y su esposa fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 en Palermo, Buenos Aires, cuando, al llegar a su casa, una bomba explotó en su vehículo. El caso en Chile se abrió después de casi 30 años, luego que la Corte Suprema conociera un pedido de extradición, por la jueza argentina María Servini de Cubría, hacia el país trasandino de la cúpula de ese organismo represivo. Aunque el máximo tribunal rechazó la petición el pasado 9 de diciembre, ordenó abrir una causa en Chile, proceso que había sido derivado al 19° Juzgado del Crimen. Sin embargo la titular de ese juzgado se declaró incompetente, por lo que el máximo tribunal designó como ministro de fuero al magistrado Alejandro Solís. 16 de Abril 2003 La Tercera Histórica condena a Contreras reinterpreta la Ley de Amnistía A 15 a años de prisión fue condenado ayer el ex director de la Dina, general (R) Manuel Contreras, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado del militante del MIR Miguel Angel Sandoval Rodríguez, detenido desaparecido desde el 7 de enero de 1975. El fallo de primera instancia dictado por el ministro de fuero, Alejandro Solís, fue calificado de "histórico" en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y en el Programa de Derechos Humanos del Gobierno, ya que es primera vez que en una sentencia condenatoria se anuló la Ley de Amnistía de 1978, afectando a la plana mayor del organismo represor. La resolución, que también condena a 15 años al brigadier (R) Miguel Krassnoff, a 10 años al coronel (R) Marcelo Moren Brito, como autores, y a cinco años a los suboficiales Fernando Laureani y Gerardo Godoy, en calidad de cómplices, ratifica lo que han hecho los tribunales desde 1997, cuando comenzaron a reabrir las causas de detenidos desaparecidos, empleando la figura de secuestro, que es un delito permanente y no amnistiable. La primera condena judicial que reinterpretó la amnistía fue dictada el 15 de noviembre pasado por el magistrado Jaime Salas, del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, que sentenció a tres años de prisión a los oficiales (R) Héctor Bravo y Jerónimo Pantoja, por el secuestro de Pedro Espinoza, desaparecido en octubre de 1973. Y según los abogados vinculados al tema, se avecinan nuevos cierres de sumario en las numerosas causas que investigan los jueces con dedicación exclusiva para casos de derechos humanos. Sin embargo, aún falta que se pronuncie la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, que podrían revocar las sentencias, volviendo a la interpretación original de la Ley de Amnistía. En este sentido, el abogado de Contreras, Juan Carlos Manns, adelantó que apelará, ya que consideró que "la figura del secuestro calificado no tiene ningún asidero, la Dina terminó el año '77, no pudo haber estado detenido todos estos años. Los absurdos legales van contra las garantías constitucionales". Por su parte la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, afirmó "que esta condena se dé a los 30 años del golpe de Estado le agrega un significado que tiene que ver con la constancia que hemos mantenido para lograr justicia. Esperamos que esto no sea lo último, sino el inicio de un camino, este es un gran logro". El abogado del programa de DD.HH. Francisco Bravo destacó que la condena es mayor que la obtenida por Contreras en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, la que fue de 7 años. Cuestionamiento a Solís Conocida la sentencia, Contreras objetó la competencia de Solís. En entrevista a Medianoche, dijo que el magistrado "no debe estar en ninguno de los casos, por cuanto tiene el problema de que su esposa (Margarita Tapia), estando casados el año '73, estuvo detenida en el Estadio Nacional por dos meses y medio". En ese sentido, estimó "indispensable" aplicar el nuevo procesamiento penal, "para evitar que un individuo sea juez y parte". Solís se encuentra abocado a diversas causas de derechos humanos, entre ellas la investigación en Chile del crimen del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, por el que también se encuentra procesado Manuel Contreras. Asimismo, el juez está a cargo del caso de los 17 campesinos ejecutados en Chihuío y Liquiñe, y casos en Parral y Linares, en donde hoy comenzará labores de excavación en busca de restos de desaparecidos. En tanto, la investigación sobre Miguel Angel Sandoval fue encabezada casi en su totalidad por la jueza especial del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collin, quien entregó a principios de año el sumario casi cerrado a Solís, a quien sólo le correspondió realizar el plenario y dictar las condenas. Sandoval, casado, de 26 años, era sastre y al momento de su detención se econtraba en plena vía pública. Días después diversos testigos lo vieron en el centro de torturas Villa Grimaldi. En julio de 1975 figuró en la prensa como uno de los 60 chilenos supuestamente muertos en enfrentamientos en el extranjero 29 de Abril 2003 La Nacion Juez le dobla la mano a Contreras Aunque el Ejército intercedió en favor del general (R) Manuel Contreras para postergar su reclusión en la unidad penal del Comando de Telecomunicaciones -Batallón de la Policía Militar (BPM)- el ministro Daniel Calvo ordenó el cúmplase del traslado, poniendo fin a casi dos años de arresto domiciliario que benefició al ex director de la disuelta DINA, desde enero del 2001, cuando terminó de cumplir su condena por el crimen del ex canciller Orlando Letelier en la Cárcel de Punta Peuco. El impasse se generó el viernes pasado cuando el magistrado, junto con dictar un nuevo procesamiento en su contra por el secuestro y homicidio de cinco militantes comunistas, fue informado por el Comando de Salud de la institución castrense de que Contreras terminaba su hospitalización el lunes, motivo por el cual ordenaba su ingreso al BPM. Sin embargo, ayer en forma sorpresiva, el juez Calvo recibió un oficio del Estado Mayor, donde se le informaba que no podían cumplir con la medida debido a que el general (R) está a disposición de otros cuatro jueces, quienes habían determinado también su arresto domiciliario. En ese contexto, Calvo remitió, con calidad de urgente, un oficio donde pedía a los ministros Alejandro Solís, Jorge Zepeda y a las juezas, Raquel Lermanda y María Inés Collin, del Noveno y Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, respectivamente, que se pronunciaran si tenían antecedentes para mantener con arresto domiciliario a Contreras. El ministro Calvo explicó ayer que “en atención al estado de salud que se me informó en esa oportunidad se postergaba hasta el día de hoy (el traslado), ahora hay un nuevo antecedente que me comunica el Ejército, y en base a este nuevo antecedente hay que resolver ante la posición que señalen los jueces ”. Tanto el ministro Solís como Zepeda respondieron que no existían inconvenientes para su traslado. En tanto, al cierre de esta edición, las juezas del crimen no se oponían a la medida. Los dolores de cabeza del juez Calvo Un oficial del Batallón de Policía Militar pretendió excusar inasistencia de Manuel Contreras, pero le fue mal. Una tensa situación, que casi terminó en pugilato, debió enfrentar el ministro en visita Daniel Calvo, quien investiga parte de las causas por violaciones de los derechos humanos que anteriormente pesquisó el juez Juan Guzmán. El viernes, el magistrado Calvo tenía citados al Palacio de Tribunales a tres uniformados en retiro para notificarlos de un procesamiento por el secuestro y homicidio de cinco militantes de las Juventudes Comunistas. Se trataba del ex director de la DINA, Manuel Contreras; el coronel (R) Marcelo Moren Brito y el ex suboficial de Carabineros José Friz Esparza. Sin embargo, más de un dolor de cabeza causaron Contreras y Moren Brito. Con algunas horas de retraso, un oficial del Batallón de la Policía Militar (BPM) del Ejército, a cargo de la custodia de los militares procesados por la justicia, llegó hasta el despacho del magistrado para entregar un certificado médico en el que constaba que el general en retiro Contreras había sido internado en el Hospital Militar, razón por la que no podía concurrir. El oficial de la Policía Militar se presentó en el despacho para entregar el documento al actuario del juez Calvo, pero el magistrado-presente en el lugar- le solicitó personalmente el certificado. Según fuentes, el militar, por razones que se desconocen, se negó a hacerle entrega del documento, lo que motivó la ira de Calvo y un fuerte intercambio de palabras con el oficial, que hizo necesaria la presencia de Gendarmería. Como corolario, el magistrado solicitó informe al Comando de Salud del Ejército, y según los antecedentes, puso fin al arresto domiciliario de que gozaba Contreras y ordenó su ingreso en calidad de procesado al Batallón de Policía Militar, cuyas instalaciones se encuentra al interior del Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén. 15 de Mayo 2003 El Mostrador Justicia chilena procesa por primera vez en Caso Llidó Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó. El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón. Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor. Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes. El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR.
12 de Junio 2003 El Mostrador Procesan a cúpula de la DINA por secuestro de decorador El juez especial Alejandro Solís, con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, sometió hoy a proceso a la cúpula de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la desaparición de un decorador en 1974. El magistrado encausó al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, al brigadier (r) Miguel Krasnoff, al coronel (r) Marcelo Moren Brito y al suboficial (r) Basclay Zapata. La resolución del magistrado también incluye al civil Osvaldo Romo Mena. Se trata del caso del secuestro del decorador Fernando Silva Camus, arrestado por cuatro agentes de la DINA el 27 noviembre de 1974, un día después de que desapareciera su hijo, Claudio Silva Peralta, quien era militante del MIR. Los aprehensores ingresaron al domicilio del afectado, procediendo a interrogarlo sobre sus actividades laborales y a revisar la documentación relativa a pedidos y datos de clientes, según consigna el sitio Memoriaviva. Al día siguiente fue enviado a Villa Grimaldi, lugar donde fue visto con vida por última vez.
04 Agosto 2003 - La Nacion Amnistía y prescripción en los alegatos por la primera condena contra la ex DINA Es como si todo hubiese quedado a la espera de que en los próximos días el gobierno dé a conocer su propuesta en materia de violaciones de los derechos humanos. Incluso en esa senda parece anotarse el excesivo retraso de la vista de la apelación por la primera sentencia del país que condenó a altas penas de prisión a parte de la cúpula de la ex DINA. Su debate en una sala de Corte de Apelaciones de Santiago podrá ser tan decidor, como resolver el corazón mismo de la discusión de fondo en este asunto trascendente: la aplicación o no de la ley de amnistía y la prescripción del delito. La materialización de tal discusión debiera repletar los asientos de la corte cuando ella finalmente se verifique. Será en ese momento cuando, por fin, se llegará al instante en que, por primera vez en la historia de los procesos instruidos por la pasada represión militar, se conocerá una posición oficial de una corte acerca de la resistida ley de amnistía y la figura de la prescripción del delito, tan alegada por las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la inmensa mayoría de civiles que sustentaron la pasada dictadura militar. De acuerdo a los abogados querellantes y defensores en las causas, ése es el centro del conflicto jurídico en materia de derechos humanos. El resto pertenece a otras esferas de la discusión. Será en ese momento, entendiendo que luego le tocará decir su palabra a la Sala Penal de la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario de la casación, cuando se sabrá cuánto quedarán conformes o decepcionados los familiares de las víctimas, las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente el Ejército, el gobierno, y todos quienes tienen intereses y/o opinión en esta cuestión. Esa es, ni más ni menos, la relevancia de esa audiencia que continúa postergándose, sin apreciarse muy claramente por qué el retraso, entendiendo que “hay reos presos”, como se nombra en la jerga de tribunales. Ello apura normalmente la vista de estas apelaciones. En este proceso, el 14 de abril de 2003 el ministro Alejandro Solís condenó a 15 años de presidio al ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras Sepúlveda; a 15 años de la misma pena al ex jefe de varios recintos clandestinos de la DINA, coronel (R) Marcelo Moren Brito; y a 10 años de presidio al también ex jefe de algunos de estos centros de tortura y exterminio, brigadier (R) Miguel Krassnoff Martchenko, quien no hace mucho se atribuyó públicamente el cartel de “analista” y “entrevistador” de la ex DINA. Todos fueron sentenciados por el juez Solís como autores del secuestro calificado y desaparición del militante del MIR, Miguel Angel Sandoval Rodríguez. También fueron sentenciados a 5 años de presidio en calidad de cómplices del mismo delito los ex agentes de la DINA, brigadier (R) Fernando Lauriani Maturana, conocido como el “teniente Pablito” y uno de los más crueles represores de la ex DINA, y el teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy García, alias “El cachete chico”. Será respecto de estas “estrellas” de la ex DINA, donde se producirán los relevantes alegatos acerca de la amnistía y la prescripción del delito que están por venir. En su sentencia condenatoria el ministro Alejandro Solís rechazó aplicar la amnistía y la prescripción del delito a favor de los ex agentes, esgrimiendo el argumento que hasta ahora aparece como insalvable en contra de los militares: que mientras no aparezca el cuerpo de la víctima, el secuestro es un ilícito de carácter permanente que se sigue cometiendo cada día, y por tanto excede ampliamente el período cubierto por la ley de amnistía que se extiende hasta el 10 de marzo de 1978. 15 de Mayo 2003 El Mostrador Justicia chilena procesa por primera vez en Caso Llidó Por primera vez, la justicia chilena dictó autos de procesamientos en contra de personas que participaron en el secuestro calificado del sacerdote español Antonio Llidó. El caso del sacerdote fue uno de los que determinó la detención en Inglaterra del general (R) Augusto Pinochet Ugarte, a raíz de la investigación que llevaba el juez español Baltasar Garzón. Esta mañana fueron sometidos a proceso como autores del secuestro calificado, nueve ex integrantes de la DINA, incluida su plana mayor. Los encausados son Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Miguel Krasnov Marchenco, Osvaldo Romo Mena, Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Orlando Manzo Durán, Ciro Torré Sáez y Brazclay Zapata Reyes. El sacerdote Llido fue detenido ilegalmente en octubre de 1974 y visto por ultima vez en el centro de reclusión clandestino de Cuatro Álamos. Agentes de la DINA lo torturaron por ayudar y dar protección a militantes del MIR. 1 de Septiembre 2003 El Mercurio Caso Prats: Procesados Mariana Callejas y Cristoph Willeke El ministro en visita que investiga el caso Prats, Alejandro Solís, sometió a proceso a los ex agentes de la Dina, Mariana Callejas y Cristoph Willeke como autores del doble homicidio calificado del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. Willeke además fue procesado por el delito de asociación ilícita. Callejas fue notificada tras declarar a primera hora de esta mañana en el despacho del magistrado, y luego fue trasladada al Centro de Orientación Femenina (COF). En tanto, el ex agente del organismo represor Cristoph Willeke, quien se encontraba cumpliendo detención domiciliaria, fue derivado al Comando de Telecomunicaciones. Tras conocer la resolución, el abogado de la familia Prats, Hernán Quezada, sostuvo que "los procesamientos indican que la causa avanza decididamente al esclarecimiento de la verdad y de la responsabilidad de todos los que participaron en este crimen". Callejas y Willike enfrentan además una solicitud de extradición de parte de la jueza argentina María Servini de Cubría, quien investiga el crimen en Buenos Aires. La petición está siendo estudiada por el ministro de la Corte Suprema Nibaldo Segura, quien deberá presentarla a la sala penal del máximo tribunal para que éste se pronuncie al respecto. Pese a ello, se presume que la Corte Suprema rechazará la solicitud, de la misma forma que lo hizo con los cinco procesados anteriormente en el caso, cuando le negó a la justicia argentina el requerimiento de extradición, con el argumento que debían ser juzgados en Chile. Mariana Callejas estuvo casada con Michael Townley, a quien se le atribuye haber puesto un artefacto explosivo bajo el automóvil del general (r) Prats. Según algunos testimonios, Callejas detonó el artefacto cuando el auto ingresaba al estacionamiento del edificio donde vivía el ex Comandante en Jefe, en el barrio de Palermo de Buenos Aires. Por el mismo caso fueron encausados, en febrero pasado, los miembros de la cúpula del organismo represor, general (r) Manuel Contreras, brigadieres (r) Pedro Espinoza y José Zara; el general (r) Raúl Iturriaga Newman y el agente civil Jorge Iturriaga. 12 de Noviembre 2003 El Mostrador Procesan a agentes de la DINA por desaparición de ex MIR La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, sometió a proceso ayer a tres ex agentes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el delito de secuestro calificado. La resolución de la magistrada afecta a Manuel Contreras, ex director del organismo; Eduardo Iturriaga Neumann, ex jefe del Departamento Exterior; y a Riffiere Aldez España, ex inspector del a Policía de Investigaciones. Los hechos investigados por la jueza dicen relación con la desaparición de Luis Mahuida Esquivel, en mayo de 1977 y de Luis González Mella en diciembre del mismo año. Ambos ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron detenidos por agentes de la DINA y fueron vistos con vida por última vez en el centro de reclusión conocido como "La Venda Sexy". La jueza Lermanda, además de este proceso, lleva otros, en razón de ser una magistrada con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, condición otorgada por la Corte Suprema.
23 de Diciembre 2003 El Mostrador Dictan primeros procesamientos por Operación Cóndor El juez Juan Guzmán procesó hoy a tres ex uniformados como autores del secuestro de nueve detenidos desaparecidos entre 1975 y 1977, como parte de la Operación Cóndor: el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), general (r) Manuel Contreras Sepúlveda, y a los brigadieres (r) Pedro Espinoza y Christoph Willikie, miembro del Departamento Exterior de dicho organismo. El fallo establece que los tres oficiales fueron responsables, como autores, del secuestro y la posterior desaparición de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. Además de Edgardo Enríquez, Alexis Jacard, Jacobo Stoulman, Matilde Pessa, Julio Valladares y Jorge Fuentes Alarcón. Según la resolución, los nueve izquierdistas fueron detenidos entre 1975 y 1977 en Argentina, Bolivia y Paraguay por los servicios de inteligencia de esos países, para ser entregados a agentes de la DINA, quienes los trasladaron a Chile. Una vez en el país, fueron llevados a “Villa Grimaldi”, donde funcionaba un centro de tortura. Desde ese lugar se pierde el rastro a las víctimas. La resolución señala que Juan Hernández, Luis Muñoz, Manuel Tamayo y Edgardo Enríquez fueron detenidos en Buenos Aires, Argentina, en abril de 1976. Alexis Jacard, Matilde Pessa y Jacobo Stoulman fueron apresados también en esa ciudad, pero en mayo de 1977. La detención de Julio Valladares fue en julio de 1976 en Bolivia y la de Jorge Fuentes en mayo de 1975 en Asunción, Paraguay. La semana pasada, el juez Juan Guzmán, quien investiga numerosas causas que involucran a Pinochet en crímenes cometidos durante su régimen, sobreseyó en primera instancia al general en retiro en un proceso por el secuestro y desaparición de una decena de dirigentes del Partido Comunista, en 1976. Ello, tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago a dar curso al desafuero. “Lo único que corresponde jurídicamente es el sobreseimiento definitivo”, dijo el juez. El pasado 22 de octubre, la Corte Suprema cerró definitivamente la puerta al eventual desafuero de Pinochet por este caso al declarar improcedente, por una cuestión de forma, una tercera petición en tal sentido. El máximo tribunal validó así un fallo de la Corte de Apelaciones, que el 27 de agosto rechazó retirar la inmunidad al general, de acuerdo con el dictamen que en 2001 lo declaró afectado por una demencia vascular "progresiva e irreversible". El abogado Eduardo Contreras anunció que el miércoles presentará una nueva solicitud de desafuero de Pinochet, en nombre de los familiares de las víctimas de la llamada Operación Cóndor. “La idea es que se le pueda procesar por este caso, dada la lucidez que mostró en una reciente entrevista a un canal de televisión de Miami”, afirmó Contreras. Los miembros de la policía secreta de Pinochet hoy procesados afrontan otros juicios por violaciones a los derechos humanos, entre ellos el asesinato del ex comandante Jefe del Ejército chileno, Carlos Prats, perpetrado en septiembre de 1974 en Buenos Aires. La Operación Cóndor, que significó la muerte de miles de personas en Latinoamérica, es investigada por el juez español Baltazar Garzón y su colega argentino Rodolfo Canicoba. Esta es la primera resolución por este caso que adopta el ministro de fuero, que investiga desde 1998 la desaparición de más de un centenar de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos en los años 70. Esta operación consistió en la coordinación de los servicios de información de las dictaduras del Cono Sur para el exterminio de izquierdistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
19 de Marzo 2004 El Mercurio Corte otorga libertad provisional a Manuel Contreras La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió hoy la libertad provisional, previo pago de una fianza de 500 mil pesos, al general (r) Manuel Contreras, quien está procesado en más de una treintena de causas de derechos humanos. Esta libertad, obtenida hoy en el marco del caso del secuestro de Miguel Acuña Rojas, es la última que le faltaba al ex uniformado para concretar efectivamente el beneficio. "Todas las solicitudes de libertad que ha hecho esta parte han sido ratificadas y aprobadas por la ilustrísima Corte de Apelaciones, destacó el abogado Juan Carlos Manns, quien representa a Contreras. El militar (r), condenado entre otras causas por el homicidio del general (r) Carlos Prats y su esposa, se encuentra detenido en su domicilio particular en la comuna de Peñalolén desde noviembre de 2002. Antes estuvo detenido en el penal Punta Peuco, cumpliendo condena por la muerte del ex canciller Orlando Letelier, y en el Regimiento de Telecomunicaciones. Manns explicó que la libertad se materializará una vez que se cumplan una serie de trámites y oficios por parte de tribunales, los que podrían concluir hoy mismo o los primeros días de la próxima semana. No obstante, la resolución podría quedar sin efecto si un juez que investiga casos de derechos humanos dictamina alguna determinación judicial en los próximos días en su contra. Con la fianza impuesta hoy, suman 17.200.000 pesos los que el ex uniformado debe cancelar para poder recuperar su libertad. La Primera Sala estuvo integrada por los ministros Rubén Ballesteros, Juan Araya y la abogada Ángela Radovic. Abogado DD.HH: Libertad es sólo un episodio más El abogado de DD.HH. Eduardo Contreras, quien actúa como querellante de varias de las causas que la Justicia sigue en contra de Manuel Contreras, sostuvo que la libertad del militar en retiro "se debe indudablemente a toda una presión que estamos viviendo en este momento para poner punto final al tema de los Derechos Humanos, pero también sin duda a deficiencias de nuestra legislación procesal penal". No obstante, el profesional sostuvo que a su juicio, la libertad de Contreras "es un simple episodio en la larga lucha por la vigencia de la verdad y la Justicia en Chile", debido a que aún existen muchos otros casos por los cuales puede ser procesado y detenido. 4 de Junio 2004 El Mostrador Villa Grimaldi: Contreras obtiene libertad bajo fianza El ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) general (R) Manuel Contreras consiguió la libertad bajo fianza luego de tres años de arresto domiciliario. El beneficio fue condedido por dos votos contra uno por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco del proceso que condenó al retirado militar en el marco de los hechos ocurridos en el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi. Tras cumplir con condena de siete años en el penal de Punta Peuco por el homicidio de Orlando Letelier, Contreras ha permanecido en detención preventiva, tanto en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército como en su domicilio, a raíz de los más de 15 procesos que se siguen en su contra, entre los que se encuentran Operación Cóndor, el caso Prats, Cuatro Álamos y Calle Conferencia, entre otros. De todos modos, Contreras debe cumplir pena de 15 años de prisión como autor intelectual de la detención y desaparición de la periodista Diana Frida Aron, ocurridas en 1974.
19 de Octobre 2004 El Mostrador Procesan a cúpula de la ex DINA por secuestro de mirista La titular del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, Raquel Lermanda, procesó como autores de secuestro calificado a cuatro ex miembros de la cúpula de la disuelta Dirección Inteligencia Nacional (DINA). La magistrada estimó que existen presunciones fundadas de que miembros de la DINA tienen responsabilidad en la desaparición del mirista Álvaro Barrios Duque, detenido el 15 de agosto de 1974 en su casa, ubicada en la comuna de Conchalí. La resolución afecta al general (R) Manuel Contreras, ex jefe del organismo represivo, al brigadier (R) Miguel Krasnoff, al coronel (R) Marcelo Moren Brito y al civil Osvaldo Romo.
20 de Octubre 2004 La Nacion Dictan acusaciones por secuestro de David Silberman El ministro Jorge Zepeda dictó acusación en el caso por el secuestro del ex funcionario de Cobrechuqui, David Silberman, causa que se acerca ahora a la etapa de sentencia y en que hasta el momento se mantienen los cargos contra los cuatro procesados. El magistrado estimó que el ex director de la DINA Manuel Contreras y el brigadier (r) Marcelo Moren Brito son responsables en calidad de autores del secuestro de Silberman, mientras que mantuvo la tipificación de cómplices en el mismo ilícito que compromete a Marcos Derpich Miranda y Carlos Labarca Sanhueza. El 4 de octubre de 1974 miembros de la DINA sacaron a Silbermann de la Penitenciaría en donde permanecía recluido tras ser sometido a Consejo de Guerra en Calama. De acuerdo a testigos el supervisor de la actual Codelco fue visto en cuarteles de la DINA como José Domingo Cañas y Cuatro Alamos. Las partes ahora podrán adscribir o rechazar la acusación y una vez que el ministro recabe todos los antecedentes comenzará la fase final que incluye la dictación de las sentencia de primera instancia.
29 de Octubre 2004 El Mercurio DD.HH.: Juezas procesan a nueve militares (R) por dos secuestros Nueve ex uniformados fueron procesados en las últimas horas como autores de dos secuestros calificados ocurridos entre 1974 y 1975. La primera encargatoria de reo fue dictada por la jueza Colomba Guerrero, del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, quien investigó la desaparición de Juan Manuel Llanca Robas, quien fue visto por última vez en el Regimiento N°2 de Puente Alto en 1975. En este caso fueron encausados como autores del secuestro el ex comandante del regimiento, Mateo Durruty, y los ex uniformados David Miranda, Pedro Teyssedre, René Cruces y Carlos Canales. Asimismo la jueza del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, María Inés Collins, sometió a proceso a la cúpula de la DINA por la desaparición de el ex mirista Carlos Cubillos Gálvez, a quien se le perdió el rastro en el centro de detención conocido como Londres 38. En este caso fueron encausados el general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Miguel Krassnoff, el brigadier (R) Marcelo Moren Brito y el civil Osvaldo Romo. Estos últimos enfrentan una serie de procesamientos en causas de Derechos Humanos, que están a cargo de distintos jueces. El abogado Sergio Concha, quien lleva las causas, destacó especialmente la labor de la jueza Guerrero puesto que desde que ella llegó a mediados del año pasado al primer Juzgado del Crimen de Puente Alto hubo un cambio en el desarrollo de la causa de Juan Llanca. "La causa había estado aproximadamente 10 años en ese juzgado, había habido por lo menos cuatro magistrados que no se habían interesado mayormente por esta causa (...) todo esto fue solucionado cuando llegó la magistrado Guerrero, quien se dedicó a investigar lo que hasta entonces no había sido investigado", afirmó.
10 de Noviembre 2004 La Nacion Dictan condenas contra cúpula de la DINA por desaparecido El ministro Alejandro Solís dejó al lado la polémica por la aplicación de la ley de amnistía y optó por dictar sendas condenas en contra de la cúpula de la DINA, entre ellos el general (r) Manuel Contreras, por su responsabilidad en el secuestro del mirista Luis Dagoberto San Martín Vergara. El debate que se realiza en el seno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre la conveniencia de aplicar este decreto que deja foja cero los ilícitos y el cuestionamiento a la verdadera existencia del secuestro en casos de detenidos desaparecidos, estuvo fuera de la revisión del juez Solís. Por ello el magistrado determinó que Contreras debe cumplir una pena de 15 años de presidio, mientras que el brigadier (r) Raúl Iturriaga Neuman de 10 años y un día de presidio, y los brigadieres (r) Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich a tres años y un día de presidio en calidad –los dos últimos- de cómplices. De acuerdo a los antecedentes recogidos por agrupaciones de derechos humanos, el 17 de diciembre de 1974 San Martín fue detenido y trasladado –según informan testigos- hasta el centro clandestino conocido como la “Venda Sexy” donde la DINA lideraba la acción de hostigamiento contra los prisioneros. Hasta el momento, el juez Solís sólo ha notificado de su condena al brigadier Iturriaga, quien indicó que "estoy siendo sentenciado por una mentira. Yo no tengo ninguna responsabilidad, yo ni siquiera detuve a un señor que no conozco que se llamaba San Martín Vergara y no tengo a nadie secuestrado, y lo sabe usted y lo sabe el presidente de la Corte Suprema. Lo sabe el Presidente de la República y lo sabe el juez". Agregó que “el juez sabe que yo no tengo a nadie secuestrado".
4 de Enero 2004 La Nacion En uno de los procesamientos que terminó por echar abajo uno de los principales montajes de la pasada dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán encausó a diez ex agentes de la DINA, varios de ellos de su plana mayor, incluido el ex jefe Manuel Contreras, por ocho víctimas desaparecidas en la conocida como Operación Colombo. Este es el segundo encausamiento dictado por el juez Guzmán por este montaje acontecido en 1975, siendo el primero el decretado el 2 de septiembre, cuando el magistrado procesó a 16 ex agentes por 37 víctimas de la Colombo. Las resoluciones adoptadas por el juez Guzmán en este episodio, constituyen en conjunto el más masivo procesamiento dictado hasta ahora por este ministro, y uno de las que abarca más cantidad de víctimas y encausados en los juicios que se instruyen por violaciones de los derechos humanos. Los procesados, todos en situación de retiro y declarados reos como autores de secuestro calificado son, además de Contreras, el ex jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana de la DINA, general César Manríquez Bravo, hermano de Mario, coronel (R) encartado como autor intelectual del crimen de Víctor Jara; el ex segundo hombre de la DINA, brigadier Pedro Espinoza Bravo; el ex jefe de Villa Grimaldi, coronel Marcelo Moren Brito; el ex jefe del recinto DINA Cuatro Alamos, oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán; el ex jefe del grupo Halcón de la DINA, brigadier Miguel Krassnoff Martchenko; el ex jefe del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército y ex miembro de la plana mayor de la DINA, coronel Francisco Ferrer Lima, que cumple condena en Punta Peuco por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez; el ex jefe del recinto DINA Tres Alamos, oficial de Carabineros Conrado Pacheco Cárdenas; el suboficial de Ejército Basclay Zapata Reyes; y el ex agente civil Osvaldo Romo Mena. Las nuevas ocho víctimas de Colombo son: Aldo Pérez Vargas, Roberto Aranda Romero, Jorge Müller Silva, Modesto Espinoza Pozo, Carlos Pérez Vargas, Carmen Bueno Cifuentes, Rodrigo Ugas Morales y Carlos Gajardo Wolf. Los cinco últimos figuran en la lista de los 119 desaparecidos por este operativo, no así los tres primeros. El montaje La llamada Operación Colombo nació en los primeros meses de 1975, cuando la DINA y el propio ex dictador Augusto Pinochet, así como otros de sus ministros militares, comenzaron a difundir informaciones de que el MIR preparaba “guerrilleros” en distintas ciudades argentinas para hacerlos entrar clandestinamente a Chile por pasos fronterizos a combatir el régimen militar. Los diarios El Mercurio, La Tercera, Las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda fueron los encargados de publicarlas. La cúspide del montaje ocurrió entre los días 17 y 19 de julio de 1975, cuando primeramente el diario brasileño O Dia, de breve tiempo de circulación, informó El retirado general Manuel Contreras ha sumado otro enjuiciamiento a su expediente en los tribunales chilenos. que 59 chilenos habían sido ejecutados en Argentina por sus propios compañeros de izquierda, atribuyendo las muertes a “ajustes de cuentas” políticas. El día 19, la revista argentina Lea, publicó en su único número que lo mismo había ocurrido con otros 60 chilenos, la mayoría del MIR. En abril de 1975 apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido por una explosión con un cartel que decía “dado de baja por el MIR”. Se dijo que era el detenido desaparecido comunista David Silberman. Sin embargo, no era él. El 12 de julio de 1975 aparecieron en Buenos Aires otros dos cuerpos baleados y quemados con una leyenda similar. La dictadura informó que se trataba de quienes habían sido dado por desaparecidos en Chile, Jaime Robotham Bravo y Luis Guendelman Wisnik. Lo que también resultó falso. El 24 de julio de 1975, La Segunda publicó en portada tal vez el titular más representativo del invento: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. Objetivo y origen de la acción El objetivo de la Operación Colombo fue hacer creer que decenas de personas, que en Chile sus familiares, abogados y las iglesias daban por detenidos desaparecidos, en realidad habían salido clandestinamente a Argentina a prepararse en guerrillas para regresar a Chile a combatir. Y que en el intertanto afuera se habían ajustado cuentas políticas matándose entre ellos o cayendo abatidos por operativos militares en Argentina, país que vivía la convulsión política y militar en los últimos meses antes del golpe de Estado de marzo de 1976. En cuanto al origen del nombre Operación Colombo, éste se remite a declaraciones del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien admitió en Buenos Aires en 1978 -acusado de “espionaje”- que en 1975 llegó a esa capital el agente Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (ex jefe del Departamento Exterior DINA y actual general retirado) para hacer aparecer muerto en Argentina a un “subversivo chileno” de nombre “Simelman o algo parecido”. Se trataba de Silberman. Según Arancibia Clavel, Iturriaga le dijo que se trataba de la Operación Colombo en la cual se contó con la colaboración, entre otros, del civil argentino y miembro de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) Martín Ciga Correa. 28 de Enero 2005 El Mostrador 29 de Enero 2005 La Nacion 5 de Marzo 2005 La Nacion Tejas Verdes: Ministro Solís somete a proceso a Manuel Contreras El ministro de fuero Alejandro Solís dictó ayer un nuevo procesamiento, en calidad de autor, contra el ex jefe de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general (r) Manuel Contreras, por su presunta responsabilidad en casos de torturas contra opositores a la dictadura de Pinochet que estuvieron detenidos en el regimiento Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, en la Quinta Región. La resolución afecta también a otros seis ex agentes de la DINA y al ex subcomisario en retiro de Investigaciones, Nelson Valdés, y se adscribe a las denuncias de 22 presos políticos. A todos ellos, incluido Contreras, se les responsabiliza de la práctica sistemática de torturas contra los detenidos. La decisión del magistrado invoca el Derecho Internacional, y más específicamente la Convención de Ginebra, para justificar que los apremios ilegítimos son un delito de lesa humanidad y que son permanentes en el tiempo. Los reclusos, según la resolución, eran trasladados primero al centro de detención de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en Santiago, y desde ahí eran llevados al regimiento de Tejas Verdes, cuyo comandante era el entonces coronel Contreras. Cabe recordar que el juez Solís ordenó el 28 de enero pasado la detención de Manuel Contreras para hacer efectiva la condena de 12 años de prisión por el secuestro permanente del mirista Miguel Ángel Sandoval. Desde esa fecha, el ex jefe de la DINA cumple sentencia en el Penal Cordillera de Santiago, junto con el ex jefe del Grupo Halcón de la DINA, brigadier (r) Miguel Krassnoff; el ex jefe de Villa Grimaldi, brigadier (r) Marcelo Moren Brito; el ex jefe del Grupo Vampiro, coronel (r) Fernando Laureani; y el ex agente Gerardo Godoy.
21 de Junio 2005 La Nacion Procesan por torturas a plana mayor de la DINA Como autores de tormentos y apremios ilegítimos el ministro de fuero, Alejandro Solís, procesó a nueve ex miembros de la plana mayor de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): el otrora director de la general (R) Manuel Contreras, el brigadier (R) Pedro Espinoza, el mayor (R) Miguel Krassnoff, el coronel (R) Marcelo Moren Brito, y los ex agentes Osvaldo Romo, Basclay Zapata, Gerardo Godoy, Fernando Laureani y Francisco Ferrer Lima. A todos ellos Solís los responsabilizó de haber torturado a una veintena de presos políticos que estuvieron ilegalmente detenidos en Villa Grimaldi, -cárcel clandestina emplazada en la comuna de Peñalolén, de la que desaparecieron unos 400 presos políticos- durante los años 1974 y 1975. En el auto de procesamiento, de 50 páginas, se señala que en ese lugar “operaba un grupo de agentes de la DINA (que) aplicaban tormentos (para) recabar información sobre el paradero de otros opositores” a Pinochet. La mayoría de los procesados actualmente están recluidos en el penal Cordillera, instalado al interior de la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, donde cumplen sentencia por otros casos de violaciones de los derechos humanos |
Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos © 2000 - 2010 |
